La privatización ferroviaria se paga con vidas humanas
El titular no es una exageración, es una triste y cruel realidad. A pocos meses del accidente de Adamuz, acabamos de presenciar otra tragedia ferroviaria. La explicación tiene que ver con una liberalización del tráfico ferroviario que ha aumentado sensiblemente la circulación de trenes que no ha ido acompañada de la suficiente dotación presupuestaria para mantener con eficiencia las infraestructuras. En 2024 circularon 106.282 trenes por la red de alta velocidad, un 46% más que en 2019. El contexto ha cambiado, la liberalización ha traído una mayor presión sobre la infraestructura debido al aumento de viajeros y de trenes, con una mayor fatiga de materiales y por tanto requiere una mayor dotación de fondos.
España gastó en el año 2024 en mantenimiento 444 millones de euros, lo que supone unos 111.000 euros por kilómetro de vía. Esto está ligeramente por debajo de la media europea. De media, en Europa gastan 113.000 euros por kilómetro de vía principal al año en mantenimiento y renovación. Destacando SBB (Suiza), ProRail (Holanda) y DB (Alemania) que registran mayores gastos en mantenimiento y renovación, con más de 140.000 euros por kilómetro de vía principal.
Es urgente aumentar las partidas de mantenimiento porque nos estamos quedando atrás. No se debe priorizar la apertura de nuevas líneas, sino atender antes a lo que ya tenemos. El dinero que se destina cada año al mantenimiento debe ir en aumento, porque hay más trenes circulando desde la liberalización del transporte ferroviario en 2020.
Esa liberalización ha generado diversos efectos. La privatización también se ha extendido a muchas tareas en Renfe y Adif: servicios privatizados, deterioro de las instalaciones, falta de repuestos en los talleres, más desgaste de la infraestructura, externalización y subcontrata de los servicios de mantenimiento, reducción de las plantillas en las operadoras, etc. Estos son los efectos de la privatización.
Es fundamental un ferrocarril público, social y de calidad
Queremos un ferrocarril público, social y de calidad. Público porque estamos en contra de que empresas privadas vengan a sacar beneficios de aquello que hemos pagado toda la ciudadanía. Hay que revertir todo este proceso de liberalización y privatización. Todo el ferrocarril bajo control público y todo puesto al servicio del derecho a la movilidad. Social, porque creemos en un ferrocarril que vertebra el territorio. Un ferrocarril sostenible, verde, que reduce las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero en comparación con otros medios de transporte. Y de calidad, porque si no es de calidad, no puede haber condiciones de seguridad tanto para las personas viajeras como para las trabajadoras.
