República mirando al futuro
República no es sólo elegir democráticamente a un jefe de estado. Cómo decía Julio Anguita, la república es un modelo de sociedad que se inspira en la lucha popular por la libertad, la igualdad y la fraternidad. En ese sentido, república son servicios públicos. República es una sanidad universal de calidad, es una educación pública científica y crítica, es el derecho a la vivienda no en los papeles sino en la realidad, es disponer de una movilidad sostenible, es respetar el medio ambiente, es cumplir los convenios laborales, es disponer de un empleo digno, es garantizar la igualdad, todo eso es la república.
La república se sustenta, sobre todo, en el respeto absoluto de los derechos humanos. En el empuje por los derechos políticos, como el sufragio universal o la libertad de opinión y prensa, pero también en la defensa de los derechos sociales, del empleo, la seguridad social o la vivienda.
La república es también democracia radical, es participación efectiva y democrática de la sociedad en la toma de decisiones públicas. A día de hoy, no existe una formulación de la democracia más avanzada que la república.
República es laicismo, y eso implica acabar de una vez con el Concordato con el Vaticano y que la religión no se imparta en la escuela, ya que, debería existir una separación garantista entre Iglesia y Estado.
No tenemos un estado laico en España hoy, como si lo tuvimos en la 2ª República. La Constitución actual dice que España es un estado aconfesional y se nombra, específicamente, a la Iglesia católica. El artículo 3 de la Constitución de la II República, sin embargo, dice textualmente: “El Estado español no tiene religión oficial”. Hemos retrocedido. En la actual Constitución, se ve el poder de la Iglesia Católica en aquella correlación de fuerzas que se dió durante La Transición.
Una correlación de fuerzas que necesariamente hay que ir transformando. Hay que recuperar los muchos espacios públicos que la Iglesia Católica española registró a su nombre mediante la Ley de Inmatriculaciones. Y alguno o alguna se estará acordando de la desamortización, que fue un instrumento del liberalismo contra el Antiguo Régimen.
Un Antiguo Régimen que no fue del todo desmontado porque en España no hubo una revolución democrática que llegara hasta el final y con todas sus consecuencias, como si lo hizo en Francia.
En España, no existió un impulso revolucionario por parte de la burguesía comercial ni para unificar el estado ni para desmontar por completo el Antiguo Régimen feudal. Y por ello, prácticamente la historia de los dos últimos siglos en España es la lucha de las fuerzas de progreso para construir un régimen democrático avanzado.
Hoy, pervive en nuestra sociedad elementos de ese Antiguo Régimen como es la monarquía. Y eso significa, en primer lugar, que en España no tenemos una democracia plena, una democracia social avanzada. En España tenemos una democracia de muy baja calidad y lo estamos viendo a diario.
Sólo hay que registrar el escándalo del bloqueo durante seis años del CGPJ; de los chats de generales en la reserva donde hablan de matar a 26 millones de españoles y españolas, incluidos sus hijos; del encarcelamiento de raperos; de la creación de la policía patriótica para crear falsos casos contra la oposición política; de la multitud de casos de lawfare que existen en España,…
La monarquía española posee todas las características negativas que conlleva la institución monárquica, posee todos los rasgos negativos que acompañan a las 28 monarquías que hay en el mundo. Y tenemos 195 estados, es decir, las monarquías representan sólo el 14% de los estados que existen en el mundo.
Estamos hablando, por ejemplo, de la ruptura antidemocrática del principio de igualdad, del carácter hereditario de la institución, que se burla la soberanía popular al hurtar el derecho de la ciudadanía a elegir a la máxima representación del estado. Es decir, somos súbditos, no ciudadanos y ciudadanas libres.
Nuestra peculiar monarquía española tiene unas peculiaridades especiales. ¿Cuales son? La primera de ellas, es sin duda, la corrupción. En España hay una corrupción sistémica. Y al frente de todo ese sistema corrupto está la monarquía. Ya sabemos que los Borbones son una dinastía especialmente corrupta, los Borbones roban, sólo hay que leer la prensa, y sólo hacen lo que han hecho a lo largo de los siglos porque robaron a lo largo de la historia. Se le calcula al emérito una fortuna de 2.000 millones de €.
Pero, en España, están blindados. Pueden hacer lo que quieran que no son responsables. Tenemos, por tanto, corrupción y una mal llamada inmunidad, que en realidad, es impunidad. Lo que implica un razonable auxilio a la generación de más corrupción aún.
La monarquía española tiene otra particularidad y es su cercanía a las élites. En la corona española ha sido evidente el alineamiento del emérito con las grandes fortunas. No sólo sus amigos multimillonarios que lo reciben y lo alojan, sino también la relación amistosa y comercial con monarquías petroleras absolutistas como las de Arabia Saudí, Qatar o Emiratos.
A esto se le suma la condición de cabeza de las fuerzas armadas, donde la monarquía se erige en jefe supremo del ejército donde se establece una suerte de relaciones privilegiadas con la cúpula militar. Y esto implica una cierta dosis de bonapartismo en el sistema político español.
Una monarquía, heredera del franquismo
Y hay una tercera característica, que no es menor. Y es que la monarquía española es heredera del franquismo, de una dictadura criminal fascista que cometió un genocidio contra su propio pueblo.
La Constitución comienza diciendo:
“DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN, SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN”
Es decir, el principio monárquico precede al principio democrático. Juan Carlos promulgó la Constitución actual siendo ya rey. Y era rey como consecuencia del desarrollo de la Ley de Sucesión del régimen franquista establecida en 1947.
Esa ley decía que Franco era jefe de estado vitalicio y que España era un reino. Pero Franco no era rey, era caudillo y jefe del estado. Por eso había un artículo, el sexto, que decía:
“En cualquier momento el Jefe del Estado podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente”
Por tanto, esa ley otorgaba a Franco la capacidad de nombrar al futuro rey. Y amparándose en esa ley, Franco designó a Juan Carlos como su sucesor, a título de rey, en 1969, nueve años antes de la aprobación de la Constitución Española. Todo atado y bien atado.
Tan atado que durante años ha habido una mayoría parlamentaria, la del bipartidismo, que se ha negado a investigar los escándalos de la monarquía.
Y ocurre que la monarquía, como fiel garante de los intereses de las élites, la militar, por supuesto, pero sobre todo, la económica, la que de verdad manda en España, no le agradece en absoluto ese apoyo del PSOE y del PP.
Antes hablábamos de bonapartismo y el actual rey de España, Felipe VI, ya ha tenido dos hechos importantes donde ha puesto en evidencia esa condición de Bonaparte.
La primera durante el procés soberanista catalán cuando se atrevió a ofrecer un discurso oficial que se preparó sin consultar previamente al gobierno de Mariano Rajoy.
Y la segunda, cuando sin escuchar a la presidenta del Congreso que tiene la atribución de proponer al jefe del estado el candidato a la presidencia del gobierno, Felipe VI designó a Feijóo como candidato porque era el partido más votado.
Esto demuestra que la monarquía es un obstáculo en la lucha de los pueblos por su emancipación, en la lucha por encontrar un marco de entendimiento federal o confederal que vehícule la plurinacionalidad del estado.
La monarquía es un obstáculo en la lucha de los sectores populares por avanzar en derechos políticos y sociales. Tanto para la clase trabajadora y las capas populares, como para los pueblos que integran el estado español, la monarquía es un instrumento de los poderosos que impide el avance social. Hoy el dilema es monarquía o democracia, porque el horizonte democrático, el horizonte emancipatorio, es un horizonte republicano.